Abriendo la norma
Los magistrados, autoridades judiciales y administrativas de la provincia, bajo pena de nulidad de lo actuado, están obligados a: a) Exigir sobre bienes inmuebles, certificación emitida por la Dirección, de haberse pagado el impuesto cuyo término para el pago hubiere vencido, sus accesorios y multas; o estar afectado el bien a régimen de facilidades de pago y/o moratoria y esta se encuentre vigente. b) En todos los casos de adjudicación o transferencia de carácter judicial, como asimismo en las divisiones que se efectúen con motivo de operaciones sucesorias o de cualquier otra naturaleza, que afecten el dominio de un inmueble, ordenar que se tome razón de ello en la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble, Dirección Provincial de Geodesia y Catastro y Dirección Provincial de Rentas, a los efectos de la inscripción y pago del impuesto, actualización, intereses, recargos y multas que correspondieran.
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