Abriendo la norma
Ley provincial 2.424
Excepto lo previsto por el artículo siguiente, los que fueren sometidos a prisión preventiva serán alojados en establecimientos diferentes a los de los penados. Se dispondrá su separación por razones de sexo, edad, educación, antecedentes y naturaleza del delito que se les atribuye. Podrán procurarse, a sus expensas, las comodidades que no afecten al régimen carcelario y la asistencia médica que necesiten, sin perjuicio de la gratuita que deberá prestarles el establecimiento donde se alojen, por medio de sus médicos oficiales, recibir visitas íntimas periódicas sin distinción de sexo, en las condiciones que establezca el reglamento respectivo y usar los medios de correspondencia, salvo las restricciones impuestas por la ley. Los jueces podrán autorizarlos, mediante resolución fundada, a salir del establecimiento y ser trasladados bajo debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de muerte o de grave enfermedad de algún pariente próximo, por el tiempo que prudencialmente se determine. Al quedar firme el auto que dispone su procesamiento, el detenido deberá ser examinado por un profesional médico. Este dejará constancia de una historia clínica de su estado clínico, así como de las lesiones o signos de malos tratos y de los síndromes etílicos o de ingesta de drogas, estupefacientes o cualquier otra sustancia susceptible de producir dependencia física o psíquica, si los presenta. El profesional estará obligado a percibir las pruebas diagnósticas adecuadas para la detección directa o indirecta del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida en las condiciones de la Ley 23.798. En todos los casos, los directores de los establecimientos de detención promoverán la preservación del derecho a la salud de los detenidos, conforme lo permitan las condiciones del establecimiento, disponiendo las medidas de bioseguridad destinadas a la prevención de la propagación de enfermedades infectocontagiosas, el control y tratamiento de los enfermos y la protección del personal actuante.
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